Los síndicos de la quiebra de Radio Rivadavia, denunciados en Comodoro Py
La presentación solicita que se investigue por presunto “abuso de autoridad” y “mal desempeño de los deberes de funcionario público” a los contadores Héctor Spagnuolo y Rosalía Pargas, no obstante considera que “eventuales medidas de prueba y diligencias procesales a encararse durante la etapa de instrucción” podrían permitir vincular nuevos autores o partícipes de los ilícitos denunciados.
El expediente iniciado por el abogado y periodista Pablo Baqué, gerente de Rivadavia y damnificado directo de la quiebra, recayó en el Juzgado Federal Nro. 6 a cargo de Rodolfo Canicoba Corral y la Fiscalía de Franco Picardi.
Baqué expresó que “más allá de las arbitrariedades cometidas contra mi persona, que a mi entender constituyen en principio la violación del Art. 249 del Código Penal, y que cualquier funcionario judicial podrá identificar fácilmente en el expediente de la quiebra, busco que un juez independiente pueda tomar conocimiento de esa causa y poner fin a la vulneración de los derechos de los trabajadores, además de establecer si es probable que en todo el proceso de vaciamiento de la radio se pudieran haber verificado ilícitos contra las arcas del Estado Nacional”.
“La acción de la sindicatura resulta temeraria y violatoria de principios básicos del derecho laboral” opinó Baqué. “Han tomado decisiones que exceden sus funciones y competencias” como separar de la nomina de personal a determinados empleados en base a “criterios falaces, antojadizos y discriminatorios” y hasta se arriesgan a fundamentarse en normas que son producto de su imaginación y que pretenden aplicar por sobre las disposiciones de la ley de Contrato de Trabajo y el propio Código Civil y Comercial de la Nacion.
Detalló el periodista que han “dejado virtualmente en la calle, en un exceso de sus atribuciones, a varios empleados”, sin realizar las intimaciones obligatorias para los procesos laborales y “por dolo, omisión o mala fe, han sostenido a la gente trabajando tras la quiebra, sin liquidación de sus haberes, ni prestaciones de obra social, ni ART entre otras irregularidades”. Todo ello – dijo Pablo Baqué – “puede llegar a comprometer hasta al propio Juez Horacio Robledo”, quien mantuvo durante mas de 8 meses a los empleados en una situación análoga al “trabajo en negro”.
Aseguró además que tras su denuncia penal, los síndicos intempestivamente hicieron presentaciones retroactivas en AFIP, a su entender para ocultar las conductas ilícitas que sostuvieron durante meses; aunque nuevamente en las altas, bajas y declaraciones presentadas reincidieron en el tipo penal que originó la acusación de Baqué, dado que en ellas, aplicaron criterios abusivos y arbitrarios, omitiendo empleados y declarando datos erróneos tales como categorías, tipos de contrato y remuneraciones; esto último en perjuicio de los trabajadores y del propio Estado Nacional, y posiblemente para reducir la deuda post falencial que debería asumir quien adquiera los derechos de explotación de las frecuencias de Radio Rivadavia y Radio Uno.
“Son meses de desesperación para todas las familias de las radios -agregó Baqué- en manos de estos auxiliares de la justicia que lejos de garantizar la imparcialidad del proceso operaron abiertamente contra la gente”. Rechazaron las deudas salariales millonarias, tantas veces reclamadas ante el Ministerio de Trabajo, y promovieron la apertura masiva de incidentes de verificación judicial, requiriendo en muchos casos información empresaria de imposible acceso para los empleados, lo que dilatará por años la posibilidad de que los trabajadores recuperen sus salarios adeudados.
Ahora se aprestan a poner fin a la explotación post falencial y la gente vuelve a estar en peligro de perder su empleo en este contexto de crisis laboral y paralización de la economía.
“Muchas veces escuchamos que la gente se queja contra la Justicia, pero soy testigo privilegiado de cómo y en que condiciones de compromiso y esfuerzo trabajan miles de funcionarios judiciales; y es en ese conocimiento que me presento a pedir su intervención, esperando que esta vez los tribunales tengan mayor poder que una banda de poderosos asociados para delinquir”.
También quiero seguir confiando en los medios, -concluyó Baqué- creo en la existencia de la honestidad periodística, y que tanto las empresas como las personas saben diferenciar bien lo que es la defensa lógica de los intereses corporativos, y lo que constituye encubrimiento de las mafias. En esa creencia espero que esta entrevista pueda ser publicada en algún medio que elija tener más valores que precio.