Negocios en nombre de la Ley
Por Pablo Baqué*
Una nueva propuesta legislativa pretende que cerca de 3000 bares, restaurantes y discotecas compren equipos para que los clientes se sometan a un “test de alcoholemia voluntario”.
Utilizan como apoyo cifras de accidentes de tránsito, y en la confusión argumental hacen parecer que estos eventos solamente se producen por conductores alcoholizados.
Cómo el equipo que hace la medición se compra en el exterior y tiene un costo aproximado a los US$ 5000, facilmente queda demostrado que detrás de esta “normativa” se esconde un negocio de por lo menos US$ 15 millones. Poca plata: pero todo suma.
Así se va perfeccionando esta habilidad de utilizar problemas reales que requieren solución de parte del Estado, para que el remedio signifique un negocio para algunos privilegiados (que nunca se sabe cómo se seleccionan), junto con el propio gobierno que no pierde ocasión de recaudar.
A simple vista el test “voluntario” no promete ser muy efectivo para solucionar el drama del alcohol al volante y las tragedias que de allí surgen; pero sí que se ve atractivo para toda la cadena de comercialización de los equipos y las posteriores calibraciones obligatorias. Ni mencionar, la novedosa herramienta de presión que se le pone en las manos a la legión creciente de inspectores.
Hace poco asistimos al programa “obligatorio” de “verificación de autopartes”. ¿Cuántos cientos de miles de clientes pasaron a cumplir por unos pocos talleres “elegidos”?.
Y si todavía no pasaste a que te graben esos 6 numeritos hoy la multa es de $1447,5 (o sea 150 UF).
¿Tomás dimensión del alcance del negocio? ¿Hay más de 1 millón y medio de autos radicados en CABA?
Sacá la cuenta.
Esta estrategia de facturar en nombre de problemas reales, y de obligar a la sociedad a realizar acciones que no garantizan la solución del tema, sigue en marcha.
Denota, claro, la incapacidad de las autoridades para hallar alternativas eficaces que no sean gravosas para la gente; o quizá la capacidad que tienen algunos para ocultar en una norma las verdaderas intenciones.
El alcoholímetro voluntario de US$ 5000 sin duda irá a afectar todavía más a los comercios, que hoy no saben cómo hacer con el alquiler, la electricidad, el agua, el gas y la brutal paralización de la actividad.
Se supone que los gobiernos deben administrar y dar soluciones; que no están ahí para complicarle la vida a la gente.
Bueno, sería lo deseable; pero en la práctica vemos que ocurre al revés.
A estos legisladores creadores e impulsores del proyecto seguramente no les hicieron control de alcoholemia al ingresar al cargo.
Claramente, están en pedo.
(*) Abogado. Director Periodístico de Infogremial
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